Asuntos donde se encuentre comprometida la responsabilidad penal de personas jurídicas, sean públicas o privadas.
Delitos societarios y de administración desleal tales como, falsificación de documentos en los órganos sociales de las empresas, ocultación de información a los accionistas, falsedad en la contabilidad de la sociedad e insolvencias fraudulentas de sociedades mercantiles.
Delitos cometidos con medios tecnológicos, tales como la revelación de secretos industriales o financieros de la empresa y los ataques a la reputación de empresas y directivos de las mismas a través de internet.
Legitimación de capitales.
Delitos financieros como la obtención fraudulenta de créditos, crisis bancarias simuladas, abuso de información privilegiada.
Delitos patrimoniales ordinarios tales como la estafa, la apropiación indebida, la usurpación.
Delitos surgidos de operaciones de comercio exterior tales como los ilícitos aduaneros.
Competencia desleal.
Delitos relacionados con urbanismos y construcciones ilícitas.
Contaminación marítima, de suelos y atmósfera.
Responsabilidad penal de altos funcionarios públicos.
